El próximo miércoles 17 de julio el Senado muy probablemente aprobará el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento para las fuerzas armadas. Se eliminará la ley reservada del cobre que tanta polémico escándalo ha causado y, en su reemplazo, se creará un fondo plurianual para adquisiciones de armamento militar.

Este fondo establece que anualmente se dispondrá de dineros para adquisiciones de armas por vía del presupuesto. En los primero cuatro años se consideran US$ 650 millones de los excedentes de la ley del cobre. Luego, y hasta el décimo año, se le aportarán como mínimo US$ 499 millones del erario nacional. Después de eso, se le asignará un monto mínimo o aporte basal que no podrá ser inferior al promedio de lo devengado en últimos 6 años. Es decir, en los próximos 10 años se asignarán montos por cinco mil quinientos millones de dólares para compra y mantención de armamento militar.

El proyecto establece una serie de controles externos que sin duda son un avance significativo respecto de la situación actual. Las autoridades del Ministerio de Defensa deberán informar al Congreso Nacional cada año respecto de los planes de la Defensa Nacional. La Contraloría tendrá un rol activo en el control administrativo de estos recursos. Se establece un Consejo administrativo para autorizar los desembolsos y los recursos estarán administrados ya no directamente por las fuerzas armadas, sino que por el Banco Central. Hasta ahí todo bien.

Sin embargo, en la discusión en la sala de la última sesión (10 de julio) el senador Rabindranth Quinteros (PS) advirtió un detalle crucial. Hoy el mecanismo de compras funciona mediante la autorización que realizan las autoridades superiores del Ministerio de Defensa. Pero la gestión propia de la compra que involucra contactar proveedores, generar licitaciones y contratos son operacionalizadas directamente por las ramas castrenses. Como el negocio de las armas es lucrativo, un tema extremadamente sensible a discutir es quiénes serán los encargados de gestionar el sistema de compras. Allí se produce el lobby, las comisiones ilegales y la potencial corrupción.

En el proyecto que aprobará el senado se establece el compromiso del gobierno de enviar—en un plazo de 6 meses—un proyecto de ley para establecer un nuevo sistema de gestión de compras. Adicionalmente, y para resolver los problemas de gestión de compras hasta que se apruebe dicha ley—que podría involucrar varios años—el ministerio de Defensa se compromete a establecer un reglamento para modificar el procedimiento de compras.

El senador Quinteros advirtió que estas dos medidas parecían insuficientes. Es tanta la cantidad de recursos involucrados y tal la sensibilidad del tema en la actual coyuntura dados los escándalos de corrupción por el mal uso de recursos en las fuerzas armadas, que un reglamento transitorio podría no ser suficiente para esta etapa.

De hecho,  algunos legisladores han planteado la necesidad de establecer una agencia de compras descentralizada y dependiente del Ministerio de Defensa, altamente profesionalizada y regulada en términos de eventuales conflictos de interés, que se encargue del vínculo con los proveedores, licitaciones y contratos en el sector de la Defensa. El nuevo sistema de gestión de compras requiere separar nítidamente las acciones de quiénes hacen los requerimientos técnicos (las instituciones castrenses), quiénes toman las decisiones (las autoridades políticas), y  quiénes serán los encargados de gestionar las compras (una agencia regulada y especializada).

Este nuevo sistema de financiamiento de la Defensa requiere tres pasos esenciales. Primero, y tal como lo indicó el senador Víctor Pérez (UDI) en el senado, se necesitan comisiones de Defensa del Congreso robustecidas técnicamente para poder evaluar los informes de gestión de la Defensa que año a año deberán evaluar. Dotar al Congreso de capacidad de evaluación es una tarea fundamental en el corto plazo.

Agente de búsqueda

Segundo, se necesita una mayor profesionalización de las subsecretarías de Defensa y Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa para poder diseñar y evaluar internamente los procesos de gestión presupuestaria y de compras. El Ministerio no solo debe ser capaz de evaluar un proyecto que presentan las instituciones castrenses sino que debe tener la capacidad de control sobre el proceso de gestión y resultados de los mismos. Finalmente, se necesita una agencia especializada que gestione todo el sistema de compras; esto es, crear un verdadero “Chilecompras” de la Defensa. Así, se requiere avanzar a una transformación radical del modelo actual donde los civiles autorizan las compras y los militares salen al mercado a comprar. Ese modelo debe cambiar.

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